Se desmoronó parte de una losa en uno de los talleres de producción de la Unidad Nº 15, y aún no fue reparada. El hecho ocurrió el 7 de Octubre, y una semana más tarde, sigue sin ser enmendado. Según informaron las autoridades penitenciarias, no hubo que lamentar víctimas ni heridos. Sin embargo, preocupa la precariedad de las instalaciones. La bomba de agua que se averió el 10 de septiembre no contó con las reparaciones adecuadas, y nuevamente dejó de funcionar. El estado estructural que reviste la Unidad sigue preocupando. A pesar de los múltiples intentos por mejorar las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en el complejo Batan, por parte del activismo judicial, organizaciones de derechos humanos y los propios detenidos, aún hoy los tratos crueles, inhumanos y degradantes continúan y se agravan con el tiempo.
El deterioro creciente de las instalaciones somete a las y los internos al agravamiento en sus condiciones de detención. Recordemos que la Unidad -construida en el año 1980- actualmente se encuentra habitada por 1214 personas. Teniendo en cuenta el cupo judicial de 780 detenidos fijado pericialmente en el marco de las actuaciones “Mestrin/Verbitsky s/ hábeas corpus”, se obtiene que los niveles de superpoblación rondan el 155%.
Sumado a las deficiencias estructurales, desde el dictado del A.S.P.O, en el mes de marzo de este año, otros aspectos vinculados a las condiciones de detención se han recrudecido. Así, las horas para estar fuera de las celdas se vieron disminuidas a fin de evitar la circulación de COVID19, las visitas fueron suspendidas, también los talleres culturales y todas las actividades educativas y recreativas al menos de manera presencial y las salidas transitorias y semilibertades, con la agravante de que no se está brindando atención psicológica ni psiquiátrica de manera adecuada, lo que genera gran preocupación por la salud mental de los y las detenidas.
Al inicio de las medidas de distanciamiento social como respuesta a la pandemia, el Estado resolvió articular esfuerzos para disminuir la población privada de la libertad teniendo en cuenta, la gravedad de los delitos, la conducta y concepto de las y los detenidos. Hasta tanto sea posible, es urgente la articulación en mesas de dialogo, en las que participen no sólo funcionarios judiciales y autoridades penitenciarias, sino también representantes de las personas privadas de la libertad y de las organizaciones de derechos humanos locales, a fin de aportar soluciones integrales.
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